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La Agencia Tributaria  impulsará el control de los grandes patrimonios de personas físicas a partir de nuevas herramientas informáticas creadas expresamente para mejorar el conocimiento y la selección de riesgos en relación con esas grandes fortunas

Estas actuaciones, junto con un refuerzo de la lucha contra la economía sumergida, especialmente en el ámbito del IVA, y la regularización de prácticas elusivas en el ámbito de la fiscalidad internacional serán áreas de especial relevancia para la Agencia Tributaria en su Plan de Control Tributario 2017, cuyas directrices generales se publican mañana en el Boletín Oficial del Estado.

El control de los patrimonios de personas físicas requiere el uso de sofisticadas herramientas de análisis para investigar y comprender complejos entramados financieros y societarios. Con las herramientas preexistentes, en los últimos cinco años, a título de ejemplo, la Agencia Tributaria ha liquidado deuda tributaria por un importe superior a los 400 millones de euros a personas físicas con patrimonios de más de 10 millones de euros.

La Agencia prevé dar ahora un salto cualitativo en el control patrimonial, a partir de nuevas herramientas informáticas ad hoc que faciliten el análisis de riesgo y las inspecciones sobre estos grandes patrimonios, analizando las alteraciones patrimoniales y trasvases de rentas efectuadas a partir de técnicas agresivas de planificación fiscal, el uso de sociedades interpuestas para encauzar retribuciones personales, las manifestaciones de capacidad económica inconsistentes con las bases imponibles declaradas en el IRPF y la disponibilidad de activos en el exterior.

Además, en 2017 se desarrollarán actuaciones de control a partir de la información obtenida en el marco del Acuerdo FATCA sobre residentes españoles titulares de cuentas en Estados Unidos y, a finales de año, a través del modelo CRS, se sumará la información de cuentas procedente de 54 jurisdicciones fiscales, existiendo el mismo compromiso a partir de 2018 por parte de otras 47 jurisdicciones.

Investigación patrimonial apoyada en el 720 y el 750

Esta información irá nutriendo las bases de datos de la Agencia, reforzando la ya notable mejora de los procesos de análisis patrimonial, detección de riesgos fiscales y ensanchamiento de bases imponibles que está suponiendo la información obtenida a través de la Declaración Tributaria Especial –modelo 750– y la Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero –modelo 720–.

En particular, se prestará especial atención a la explotación de información sobre transacciones con territorios de baja tributación, comunicaciones espontáneas procedentes de terceros estados, estructuras opacas con componente internacional y localizaciones ficticias de residencias fiscales en el extranjero, sumado todo ello al análisis patrimonial derivado de los modelos 720 y 750, y del resto de información de contraste disponible relativa a contribuyentes que presenten indicios de ocultación.

El IVA y la lucha contra la economía sumergida

Paralelamente, se intensificarán las personaciones en las sedes donde se realiza la actividad económica de los obligados tributarios, al objeto de acreditar y regularizar situaciones de infradeclaración de ingresos.

En particular, la Agencia Tributaria incidirá en 2017 en actuaciones sobre sectores en los que se aprecie mayores niveles de riesgo de incumplimiento en el IVA, potenciando la presencia de la Administración tributaria en relación con actividades caracterizadas por la venta al consumidor final.

Además, se prevé la extensión de actuaciones a todos aquellos sectores en los que se aprecie una especial percepción de elevados niveles de economía sumergida y se vigilarán los comportamientos tributarios posteriores a las comprobaciones, a los efectos de conseguir un ensanchamiento de las bases tributarias de forma permanente en el tiempo.

Por otra parte, se potenciará el análisis de la capacidad adquisitiva real de los contribuyentes, combinando el contraste de la información declarada sobre bienes y derechos con información sobre gestión de cuentas corrientes e inconsistencias con su titularidad formal, beneficiarios de tarjetas de crédito emitidas tanto en España como en el extranjero y uso de efectivo, a la vez que se mantienen las actuaciones para verificar el cumplimiento de la limitación de pagos en efectivo.

Al mismo tiempo, la Agencia reforzará el análisis del software comercial que posibilita la ocultación de ventas, en el marco de la estrategia que viene manteniendo de desarrollo de actuaciones selectivas coordinadas a nivel nacional para combatir el fraude vinculado a la utilización de este software.

Elusión fiscal de multinacionales

En el ámbito de la fiscalidad internacional, a lo largo de 2017 la Agencia Tributaria trabajará en el desarrollo de modelos de análisis de riesgo que permitan anticipar y optimizar el uso de la información que se comenzará a recibir este año sobre ‘tax rulings’ y en 2018 sobre los informes ‘País por País’, para lo que resultará especialmente relevante la experiencia acumulada por la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional desde su creación en 2013. Todo ello supondrá un notable incremento de la información disponible por la AEAT respecto de la tributación de las multinacionales que operan en territorio español.

Durante 2017, la Agencia centrará su actuación en la corrección de prácticas elusivas de las multinacionales de acuerdo con las áreas de riesgo BEPS (Erosión de Bases y Traslado de Beneficios) de la OCDE. En particular, se analizarán las estructuras de planificación fiscal agresiva, estructuras híbridas (con distinto tratamiento fiscal en España y en un país tercero), generación artificial de gastos financieros, utilización abusiva de las políticas de precios de transferencia (intragrupo), atribución de beneficios a establecimientos permanentes en España de entidades no residentes y tributación de operaciones realizadas con residentes en paraísos fiscales.

Adicionalmente, se prestará especial atención al control de entidades que operan internacionalmente en el ámbito de la economía digital, en relación con la posible existencia de acciones tendentes a excluir a nuestra jurisdicción del pago de los impuestos directos debidos.

El fraude en la economía digital

Junto con las actuaciones que ya se vienen efectuando de explotación de información disponible en internet y de control de fabricantes y prestadores de servicios online, se potenciará la colaboración con las Administraciones tributarias de otros países para la comprobación de los beneficios obtenidos por los agentes económicos que utilizan internet como medio para publicitar bienes y servicios, dado que los principales afiliadores de publicidad son grandes empresas transnacionales con sede fuera de nuestras fronteras.

Además, se prestará especial atención al control de las operaciones de importación asociadas a transacciones de comercio electrónico y al análisis de los nuevos medios de pago que cada vez con mayor fuerza se están implantando –criptomonedas, plataformas mediadoras de pago, pagos desde dispositivos móviles etc.–, ya que pueden facilitar la opacidad de las operaciones.

Por otra parte, el área de Inspección realizará actuaciones inmediatas de verificación de la información aportada por las empresas en el marco de la Propuesta para el reforzamiento de las buenas prácticas de transparencia fiscal empresarial de las empresas adheridas al Código de Buenas Prácticas Tributarias, acordada en diciembre pasado. Las actuaciones estarán especialmente dirigidas a garantizar que las decisiones estratégicas de las multinacionales no resulten contrarias al espíritu y finalidad del proyecto BEPS. De este modo, las posibilidades de control se aproximan en el tiempo a la realización de las operaciones o la presentación de la declaración.

A todo lo anterior se sumarán otros controles que tradicionalmente se vienen considerando prioritarios por la AEAT, vinculados a riesgos fiscales tales como la división artificial de actividad y ocultación de titularidades bajo figuras societarias sin actividad económica real; los signos externos de riqueza analizados mediante acciones combinadas de las áreas de Inspección y Vigilancia Aduanera; la utilización de testaferros y empresas fantasma, o el control de las tramas de fraude en el IVA, en las importaciones de productos de Asia y en el sector de los hidrocarburos.

En el área del control aduanero se insistirá en ámbitos como la lucha contra la fabricación clandestina de cigarrillos, el desvío ilegal de hoja de tabaco con destino a consumidores finales y el control de los envíos entre particulares efectuados por vía postal o a través de empresas de mensajería. En materia de blanqueo de capitales, se impulsará el desarrollo de herramientas que faciliten la investigación sobre grandes organizaciones criminales.

Control de grandes deudores

En el Área de Recaudación, y al objeto de anticipar la reacción ante el fraude en los casos de riesgo de cobro, se insistirá en la realización de medidas cautelares, derivaciones de responsabilidad e investigaciones patrimoniales que pongan de manifiesto insolvencias ficticias o conductas tendentes a eludir el pago de las deudas mediante la ocultación patrimonial, o que pudieran constituir, incluso, posibles insolvencias punibles.

Entre otras medidas, será prioritario el seguimiento continuado de deudores con elevados importes adeudados, mediante una exhaustiva y permanente investigación patrimonial, así como un control sistemático de sus deudas pendientes con la finalidad de estar en plena disposición para efectuar el cobro de las mismas. También se hará un seguimiento de insolvencias aparentes, impulsando las acciones penales que, en su caso, correspondan, y se procederá a la revisión de la situación de deudores previamente declarados fallidos, comprobando si su situación patrimonial permite la realización del cobro previamente frustrado por insolvencia.

Igualmente, se intensificarán las actuaciones de control en materia concursal para impedir conductas defraudatorias tendentes a eludir el pago de las deudas tributarias y se reforzarán las actuaciones para el cobro de deudas vinculadas a delito contra la Hacienda Pública y contrabando. De la misma forma, se realizará un control permanente para seguir reduciendo la deuda pendiente, en particular la deuda en fase de embargo.

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